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Este artículo te guía, paso a paso, por el proceso de impugnación de sanciones ambientales (multas, clausuras y suspensiones) basadas en la Ley General del Ambiente 25.675, sus reglamentos y la Constitución Nacional (art. 41). Verás cómo combinar recurso administrativo, acción contencioso-administrativa y peritajes técnicos (biólogos, ingenieros, químicos) para revertir una medida adversa y proteger tu actividad.

En este artículo encontrarás un paso a paso totalmente fundamentado en la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557), el Código Civil y Comercial y la jurisprudencia más relevante. Aprenderás cuándo y cómo presentar tu reclamo ante la ART, qué peritajes médicos y contables necesitas, cómo redactar la demanda civil extracontractual y por qué el enfoque multidisciplinario (abogado laboral + perito médico + contador forense) maximiza tus chances de éxito y el monto indemnizatorio.

La prevención es la piedra angular para defenderse de los ciberdelitos: un plan integral que combine tecnologías, procesos y personas. En este artículo te mostramos cómo diseñar ese plan paso a paso, siempre respaldado por un equipo multidisciplinario —abogados en derecho informático, ethical hackers, auditores forenses y contadores— y sustentado en la Ley 27.401 (Delitos Informáticos), los arts. 153 bis/ter del Código Penal y la Ley 25.326 de Protección de Datos. Aprende a:

Mapear riesgos específicos de tu negocio.

Crear un programa de compliance TI sólido.

Capacitar a tu equipo para evitar errores humanos.

Implementar controles técnicos y de gobierno.

Establecer un CSIRT interno y protocolos de respuesta.

# El 16 de marzo de 2025, el gobierno de Donald Trump deportó masivamente a 238 venezolanos, desobedeciendo una orden judicial y utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, lo que plantea serias preocupaciones jurídicas y éticas.

# Esta medida remite a antecedentes históricos como las Leyes de Núremberg de la Alemania nazi, en tanto ambas instrumentalizan el derecho interno para justificar violaciones masivas a los derechos humanos.

# Según el derecho internacional (PIDCP, CADH, Estatuto de Roma), este tipo de deportaciones violan garantías procesales y pueden constituir crímenes de lesa humanidad, aunque EE.UU. no reconoce jurisdicción de la CPI ni la CIDH, dificultando su juzgamiento.

# En contraste, el orden jurídico argentino incorpora tratados internacionales con jerarquía constitucional (Art. 75.22 CN) y su jurisprudencia (casos Simón, Muiña, Batalla) reafirma la primacía del derecho internacional.

# Autores como Bidart Campos y Cassese alertan sobre el impacto negativo de la impunidad estructural sostenida por grandes potencias.

# Se recomienda fortalecer mecanismos regionales como la CIDH, ejercer presión diplomática desde países como Argentina y promover la conciencia pública para evitar la normalización de prácticas discriminatorias y violatorias de derechos fundamentales.

La mora en el pago de la prima por parte del asegurado no exime a la aseguradora de cubrir siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato.

La Constitución Nacional, la Ley 17.418 y el Código Civil y Comercial regulan el contrato de seguro y establecen que la resolución por falta de pago solo es válida si se comunica dentro del plazo legal.

La jurisprudencia argentina, incluida la Corte Suprema, sostiene que la mora no afecta obligaciones contractuales ya consolidadas.

La doctrina nacional e internacional coincide en que debe priorizarse la protección del asegurado, evaluando la validez de la cobertura en función del momento del siniestro.

Países como Brasil y México adoptan criterios similares, reforzando la obligación de la aseguradora de responder aun ante la mora.

Se recomiendan estrategias como la comunicación clara, recordatorios de pago y facilidades financieras para prevenir conflictos y garantizar la eficacia del contrato.

El debate sobre la baja de la imputabilidad penal en menores se ha utilizado como arma política, desviando el foco de la prevención y la protección integral de la niñez.

* El Código Penal fija la edad mínima de imputabilidad en 16 años, reconociendo la vulnerabilidad y la falta de madurez de los menores (art. 20 CP, 1921).

* La Ley 26.061 prioriza medidas socioeducativas y el interés superior del niño, limitando la respuesta punitiva (arts. 1 y 4).

* A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) y la Corte IDH abogan por sistemas de justicia restaurativa que favorezcan la rehabilitación y reintegración.

* La verdadera solución reside en fortalecer políticas públicas de educación, prevención temprana e intervención comunitaria, en lugar de reducir la edad de imputabilidad.